El ministro de Ambiente, Adrián Peña, confirmó que Uruguay emitirá un «bono sostenible» de deuda pública por 1.000 millones de dólares y se convertirá, así, en el primer país de Latino América y el segundo del mundo en endeudarse con una tasa de interés mayor o menor de acuerdo con el cumplimiento de sus compromisos de emisiones.
Con la mira puesta en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2025, Uruguay elige «jugarse la piel» al emitir un bono soberano con una tasa de interés atada a su meta ambiental.
Cuatro meses después de que, en marzo de 2020, el presidente de Uruguay, el centroderechista Luis Lacalle Pou, iniciara su mandato (2020-2025), Uruguay creó el Ministerio de Ambiente, que antes formaba parte de la cartera de Ordenación Territorial y Vivienda.
Tras ese puntapié, un hito institucional para el país, el Ejecutivo comenzó a dar pasos para revisar políticas públicas bajo la «lupa verde».
Así, en su ley de presupuesto quinquenal, ese mismo año Uruguay incorporó los principios de Helsinski, que abogan por un compromiso para combatir el cambio climático en las políticas macroeconómicas y fiscales.
«Estamos tratando de posicionarnos como líderes en temas ambientales. Por eso lanzaremos el bono atado a las metas climáticas. El cumplimiento de ese objetivo nos permitirá beneficiarnos con una mejora en la tasa de interés», precisó Peña.
«Hay inversiones que están buscando este tipo de iniciativas y nos va a presionar para cumplir. Este es el camino, estamos convencidos», agregó.
En esta línea, el director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Herman Kamil, sostuvo: «Es un bono que será novedoso en el sentido de que, explícitamente, incorpora indicadores de performance (desempeño) ambiental y esos indicadores estarían sujetos a metas de reducción sobre las que el país ya se ha comprometido», detalló.
Pioneros
Kamil reveló que, si bien hasta ahora los países que emitieron bonos verdes o sostenibles se basaron en un modelo de «uso de los fondos», en que los recursos obtenidos se asignan a proyectos de impacto ambiental o social, existe otro tipo que aún no ha sido probado por los Estados.
Se trata de los Sustainability-Linked Bonds o Bonos Ligados a la Sustentabilidad (SLB, por sus siglas en inglés), caracterizados por condicionar un aumento o no de la tasa de interés a la concreción de una meta de sostenibilidad específica, independientemente del destino que luego tengan los fondos.
Asimismo, Marcelo Caffera, asesor del MEF en temas ambientales, afirmó que Uruguay «planea que esa meta sea la Contribución Nacional Determinada (CND) del país a 2025», aunque admitió que el equipo «aún trabaja en detallar qué indicadores serán claves para la operación de deuda».
Según Kamil, estos bonos «han sido explorados a nivel corporativo, pero no soberano», por lo cual la carrera de países para ver quién es el pionero mundial en emitirlos ya está en marcha, y Chile, que fue el puntero latinoamericano en emitir otros bonos verdes, se perfila como un contendiente importante.
«En Chile están evaluando la posibilidad de moverse a un formato SLB y eso está bueno porque quiere decir que la idea está recogiendo aceptación y también hay otros países avanzados, como Islandia o Reino Unido, que en algún momento han expresado interés», resaltó.
La promesa de Glasgow
Una de las resoluciones acordadas durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021 o COP26, celebrada en Glasgow, Reino Unido, pedía que en 2022 los países «revisen y refuercen» sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Lejos de ser uno de los que emiten más GEI, en tanto su contribución a las emisiones globales netas en 2019 fue de 0,03% frente al 27% de China o el 11% emitido ese año por Estados Unidos, Uruguay pretende alcanzar sus niveles objetivo-fijados en 2017, tras el Acuerdo de París.
El país prometió allí reducir sus emisiones de dióxido de carbono por unidad de Producto Interior Bruto (PIB) al 24%, meta que ya superó por un 3%, y le resta llevar las de óxido nitroso y metano al 48% y 57%, respectivamente.
Además, pactó que aumentaría en 5% la superficie de bosque de 2012, compromiso en el que no registró avances.
Para Kamil, un gran desafío es que, tras un cambio de la matriz que llevó a la descarbonización casi completa de la energía eléctrica, Uruguay concrete su segunda gran transición en el transporte, que es, junto con el agro, uno de los principales emisores de GEI del país.
«Hay una coordinación muy fuerte a nivel nacional para tomar las decisiones con respecto al clima y eso resulta en un activo muy importante a la hora de posicionarse en el mercado global de finanzas verdes porque le da a Uruguay otra espalda y credibilidad», concluyó Caffera.
